Ciberespacio, cibercrímenes y ciberseguridad

JAVIER HERRERA BORUNDA

En las últimas tres décadas el mundo ha sido testigo de la revolución silenciosa más trascendente que la humanidad ha vivido en siglos: el descubrimiento, globalización e implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), que sin duda han modificado la organización social, económica y política de nuestras sociedades, marcando un nuevo paradigma en nuestro comportamiento cotidiano.

Estas nuevas tecnologías nos han permitido crear redes de datos y sistemas que se encuentran cada vez más integrados entre sí y con los usuarios de las mismas, a través de una serie de dispositivos inimaginables años atrás. La digitalización, la robótica, la nanotecnología, el Internet y las redes sociales nos asombran todos los días con su gran capacidad de innovación y desarrollo. Sin duda, la revolución digital todavía nos depara grandes sorpresas.

Hoy, con tan solo oprimir una tecla en nuestras computadoras o teléfonos celulares realizamos en segundos transacciones económicas a cualquier destino del planeta sin acudir a una institución bancaria; los especialistas del mundo de la ciencia tienen acceso al conocimiento de nuevos descubrimientos de manera casi inmediata; los estudiantes encuentran en la interconectividad y la intercomunicación la información que requieren para avanzar en su enseñanza, entre otras muchas acciones que nos ofrecen las TIC’s.

Nos encontramos en los umbrales de una nueva organización social en la que el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, por su importancia en el desarrollo integral de las nuevas generaciones y la adaptación de las actuales a un mundo globalizado y altamente competitivo, son reconocidos como un derecho humano fundamental por los Estados, como está asentado en nuestra Carta Magna, lo que nos coloca junto con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 a la vanguardia internacional en esta materia. Por otro lado, la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones publicada en el 2013, elevó a rango constitucional el derecho humano al Internet, incluyéndolo en el artículo 6º de nuestra Constitución Política.

A cuatro años de esta reforma, México ha tenido un incremento de 25 millones de usuarios de Internet y 20 millones de usuarios de telefonía móvil, como demuestra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el INEGI, cuyos resultados revelan que en nuestro país existen 81 millones de usuarios de un teléfono celular, y de ellos, 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente, lo cual significa un incremento de 9.7% entre 2015 y 2016. Esta nueva realidad obliga a nuestro país a desarrollar las políticas públicas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional y los derechos y obligaciones de los usuarios de las TIC’s.

Lamentablemente, las actividades ilícitas en el dominio digital se han vuelto cada vez más comunes, solamente en 2013 le costaron a la economía mexicana 3 mil millones de dólares. En 2016, de acuerdo al reporte de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito alrededor del mundo, de las cuales 22.4 millones fueron ciudadanos mexicanos. En el mismo reporte se calcula que el costo de los cibercrímenes en los 21 países analizados fue de cerca de 126 mil millones de dólares, de los cuales 5.5 mil millones son resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio.

Los datos anteriores nos permiten confirmar que si bien el uso de las TIC’s constituye un medio para la libre expresión, también lo es para cometer delitos en contra de personas e instituciones, vulnerando los derechos humanos de los usuarios y poniendo en peligro su privacidad y datos personales. Debemos tener claro que el ciberespacio es un mundo sin fronteras y la forma adecuada de prevenir y castigar estos delitos es por medio de una legislación dinámica que se apoye en la cooperación internacional.

La existencia de una cultura de seguridad de la información muy acotada es quizás la principal vulnerabilidad de nuestro país actualmente. Por ello es necesario desarrollar una política de Estado en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, que garantice la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y desde luego los intereses económicos y políticos de nuestro país en el ciberespacio.

Por las razones anteriores los integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentamos el 7 de noviembre de 2017 ante ese cuerpo legislativo la “Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos informáticos, evidencias digitales y medidas de cooperación internacional para combatir el ciberdelito”. Lamentablemente, esta Iniciativa no corrió el curso legal por la falta de consenso de otras fuerzas políticas que no lo consideraban un tema prioritario.

Hoy nuestro país se debate ante las consecuencias del ataque cibernético del que fueron víctimas diversas instituciones financieras mexicanas en días recientes, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, hecho por el cual les fueron sustraídos de sus arcas alrededor de 400 millones de pesos. En respuesta, el Banco de México ya implementa diversas medidas con objeto de fortalecer el sistema financiero, entre ellas la creación de la Dirección de Ciberseguridad. Sin duda, y a todas luces resulta indispensable dotar de lineamientos legales precisos a nuestras autoridades para poder sancionar a los criminales que utilizan las TIC’s como herramientas para la comisión de hechos ilícitos.